Álvarez aseguró que no postulará a las elecciones de octubre. (Foto: Andina)
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A pocos meses de los comicios locales y municipales, la más reciente encuesta de El Comercio tuvo un resultado contundente: el 75% de los peruanos rechaza la reelección de los presidentes regionales. En el Congreso hay dos proyectos de ley que buscan hacer efectiva esta medida.
El reinicio de este debate se deben, en gran parte, al escándalo que han generado las denuncias contra el presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien no está involucrado solo en presuntos actos de corrupción, sino también se le sindica como autor intelectuales de asesinatos de sus rivales políticos.
Pese a que Álvarez dijo que ni él ni su partido postularán a la reelección en Áncash, la fiscalía de Chimbote lo investiga por su presunta vinculación en el caso ‘La Centralita’, edificio utilizado supuestamente como centro de espionaje telefónico contra opositores y enemigos políticos.
En agosto de 2013, la legisladora Carmen Omonte –hoy ministra de la Mujer– presentó un proyecto de ley para limitar la elección de estos funcionarios. En marzo de este año, su colega Modesto Julca presentó una iniciativa similar. Ambas plantean modificar el artículo 191 de la Constitución.
El referido inciso dice que:
- “Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la ley”
Para el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, debe prohibirse la elección consecutiva de estos funcionarios, pero también de los alcaldes y de los congresistas, reportó El Comercio. Según el congresista Julca, en algunas zonas del país “se crean feudos y afectan la gobernabilidad”.
En tanto, el analista política Carlos Tapia consideró adecuada la propuesta, pero consideró que no será aceptada por el Legislativo. “¡Los congresistas de provincias saben que tendrían que enfrentarse u oponerse a sus aliados!”, destacó.
