(Foto: USI)

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La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) denunció este jueves que el dictamen del proyecto de la nueva ley universitaria, aprobado por la Comisión de Educación del Congreso y próximo a debatirse en sesión del pleno, presenta por lo menos 50 artículos – del total de 132 – que violan los preceptos de la Constitución.

Electo Cruzado, asesor legal de la ANR, calificó de “inconstitucional” el documento elaborado en la mesa que preside el legislador de Perú Posible Daniel Mora.

En diálogo con Laprensa.pe, indicó que la Asambela realizó un minucioso estudio del dictamen y encontró que este se encuentra sujeto a vicios de procedimientos legislativos, pues comentó que al momento de su presentación se había modificado casi el 80% del contenido que inicialmente se debatió en las sesiones de la comisión.

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“Inconstitucional…Este dictamen es totalmente inconstitucional. Tenemos las pruebas que corroboran esto. Cincuenta artículos de los 132 y las disposiciones complementarias entre transitorias y finales son inconstitucionales. Eso representa un peligro para la educación superior en el Perú”, indicó Cruzado.

“El documento no sirve para nada, ha tenido que ser debatido de forma más amplia por los congresistas. No se trata de un capricho, sino de defender lo que realmente es importante para los estudiantes a nivel nacional. Ese dictamen es inconstitucional”, recalcó.

Comentó que el artículo 40 es uno de los que supuestamente va en contra de la Constitución debido a que en este se prohíbe los traslados externos de los estudiantes.

De acuerdo a la norma, los estudios de formación profesional de pregrado son los que se realizan luego de haber cursado los estudios generales, en los dos primeros ciclos.

“El periodo de estudios debe tener una duración no menor de 165 créditos u ocho semestres académicos. Las variaciones deberán corresponder a la naturaleza de la especialidad y la profesión”, indica.

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Según Cruzado, esto contradice lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, en el que se establece que el Estado “reconoce y garantiza la libertad de enseñanza”. “Esto es perjudicial para los padres de familia porque así no podrán elegir los centros donde sus hijos quieran estudiar. Esto excluye a los alumnos del sistema educativo”, refirió.

No a las injerencias
Otro aspecto criticado por la ANR es la creación – establecida en la norma – de una superintendencia nacional de educación universitaria, organismo que, de aprobarse el dictamen en el pleno, estaría adscrito al Ministerio de Educación.

“La universidad debe mantenerse libre de cualquier injerencia privada, pública o política; esto también ha sido aprobado por la Comisión de Educación y es inconstitucional”, manifestó.

Otro punto observado se encuentra en el artículo 72 del dictamen, en lo referido a la vacancia y revocabilidad de los mandatos de las autoridades universitarias.

“Se plantea revocar a las autoridades de la universidad como si se trataran de alcaldes o presidentes regionales”, criticó el abogado, quien agregó que dicho apartado le da a las universidades la posibilidad de establecer causales y procedimientos adicionales para declarar la vacancia y revocabilidad de los mandatos.

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“Eso no es transparente porque cualquier persona que le tenga cólera a una autoridad podría proceder con el amparo de esa ley”, indicó.

En ese sentido, detalló que la ANR hará llegar a los congresistas una serie de documentos con las observaciones hechas al dictamen para que este regrese a la comisión para ser debatido.

“Lo que estamos solicitando es un debate total del proyecto de ley, no queremos que (Daniel) Mora se salga con su gusto de aprobar el dictamen sin tomar en cuenta la opinión de profesionales especialistas y calificados”, culminó.