(Foto: Congreso Perú)

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Más de tres meses después de que el Segundo Juzgado de la Sala Penal Nacional ordenara 18 meses de prisión preventiva para el expresidente regional de Áncash César Álvarez por el caso ‘La Centralita’ , el fiscal supraprovincial de Lima, Marco Huamán, dispuso levantar el secreto bancario y tributario de sus 24 principales colaboradores.

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La disposición tiene como objetivo principal precisar documentalmente el nivel de gastos de estas personas y las posibles transferencias de dinero que podrían haber recibido o enviado. Asimismo, se busca confirmar las declaraciones de los testigos y colaboradores eficaces, que los sindican como intermediarios en el cobro de diezmos para Álvarez.

La República informa que entre los personajes a los que se les ha levantado el secreto bancario figuran los hermanos Jorge y Rosa Burgos, la comunicadoras Rosa Olivares de la Cruz y Patricia Cárdenas Ávalos. También, el recluido alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas.

Se incluye también al gerente regional Hernán Molina Trujillo, Kelly Pineda Bermúdez, Darwin Espinal Adriano, Martín Espinal Reyes y José Luis Carmen Ramos.

“Estamos reorientando e impulsando un caso que recibimos hace dos meses y medio, pero que se inició en marzo de 2013 en el Santa, y en el que falta recabar mucha información”, sostuvo el fiscal Huamán.

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El representante del Ministerio Público indicó que Olivares de la Cruz habría recibido dinero del gobierno regional para atacar a los críticos de Álvarez. Huamán sostuvo que están detrás de las cuentas de José Carmen Rosas, quien era conocido como ‘El Vladimiro de Áncash’.

Huamán dijo estar “convencido de que este trabajo nos va a permitir sustentar una acusación y lograr que se condene a Álvarez y los demás investigados por desfalcar al Estado”. De igual modo, negó tener problemas con el procurador anticorrupción Christian Salas.