(Foto: USI)

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¿Sanción a la vista? La Comisión de Ética Parlamentaria aprobaría este lunes la recomendación de suspender 120 días – sin goce de haber – al congresista de Fuerza Popular Julio Gagó Pérez, por supuestamente haber licitado con el Estado a través de la empresa Copy Depot, pese a que la ley se lo prohíbe por ser funcionario público.

Ello se desprende del nuevo informe elaborado por la mesa de trabajo que preside Humberto Lay, que hace unos días fue reinstalada con solo siete miembros en lugar de 15. De acuerdo al documento N° 25-2013-2’15/CEP-CR, al que tuvo acceso el diario Perú21, la comisión recomienda suspender a Gagó por infringir el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ENLACE: Julio Gagó: Preinforme de Ética es totalmente ilegal

“A fin de que la empresa Jaamsa (de la cual él y sus hermanos son accionistas) continúe vendiéndole al Estado peruano, estrategia que consistió en valerse de la empresa Copy Depot S.A, sobre la cual ejercía dominio y dirección, y por ser una empresa en la que no figuran como accionistas él ni sus hermanos”, indica la comisión.

El informe contra Gagó también dispone que se remitan copias de lo investigado a la Fiscalía de la Nación por existir indicios de la supuesta comisión del delito de falsedad genérica.

Además, en la página 31 del documento se detalla que el 12 de junio la Fiscalía y la Dirección Ejecutiva de Criminalística remitieron a la comisión una fotocopia autenticada del dictamen pericial ampliatorio del audio N° 1314/14, donde se descarta el argumento defendido por Gagó respecto a que los audios habrían sido manipulados en su contra.

“La edición detectada no desnaturaliza los diálogos analizados en los nueve archivos, ya que estos no experimentan cortes que interrumpan la línea de tiempo, por lo que las expresiones se desenvuelven con continuidad, lógica y coherencia en las interlocuciones de los hablantes que participan”, dice el informe.

La semana pasada, Ética aprobó suspender 120 días a la legisladora de Gana Perú Cenaida Uribe Medina, por supuestamente haber presionado al exdirector de un colegio emblemático para favorecer la renovación de un contrato publicitario con la empresa Punto Visual.