(Foto: Congreso de la República)

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La licencia de funcionamiento que se otorgará a las universidades en adelante tendrá una vigencia de seis años y será renovable, según establece la nueva Ley Universitaria.

Al respecto, el congresista Daniel Mora, principal promotor de esta ley, explicó en dialogo con la agencia Andina que anteriormente las licencias tenían una duración de siete años, pero comentó que esos tiempos no se respetaban por la informalidad en la que se manejaban muchos aspectos.

“Antes, se presentaba un proyecto institucional para obtener una autorización provisional, para luego pasar por cinco etapas de evaluación para obtener una licencia completa, proceso que demoraba más de cinco años. El problema es que, debido a muchas irregularidades, hay universidades que tienen más de diez años funcionando solo con la licencia provisional’‘, detalló.

Mora señaló que en la actualidad, de las 139 universidades que funcionan en nuestro país, 60 funcionan solo con licencia provisional, situación que espera solucionar gracias a la implementación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

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Sobre el tiempo de duración de esta nueva licencia, el parlamentario consideró que seis años es un tiempo realista para los procedimientos que se piden, aunque opinó que podría haber sido un plazo menor.

“Yo hubiese puesto un limite solo de tres años, pero no seria sensato teniendo en cuenta que en muchos casos se necesita realizar grandes cambios de infraestructura e inversiones que no podrían realizarse en tan corto tiempo”, agregó.

Derogar D.L. 882
La presidenta del Foro Educativo, Teresa Tovar, sostuvo que es pertinente el plazo dado por la nueva norma para la licencia de funcionamiento de las universidades, así como “cualquier iniciativa que busque mejorar la calidad de la educación en nuestro país”.

“Creo también que la vigencia pudo ser menor, pero hay que ser conscientes que no pueden darse cambios tan drásticos de la noche a la mañana, no podemos cerrar los ojos a la realidad”.

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En esa línea, Tovar consideró que los cambios normativos son positivos, a pesar de la reacción en contra que se dio en su momento por diferentes sectores que se sintieron afectados por los alcances de la ley.

“Obviamente el sector privado iba a oponerse, teniendo en cuenta que en ciertos casos están lucrando sin control, estafando a muchos jóvenes y a sus familias”, enfatizó.

La presidenta del Foro Educativo opinó que hay aspectos que podrían modificarse o puntos que deberían agregarse a la norma para hacer que funcione mejor el sistema educativo, como por ejemplo derogar el Decreto Legislativo 882, aprobado durante el gobierno fujimorista.

“Esa norma permite que se creen instituciones con fines de lucro sin mayores exigencias, ignorando los principios básicos de la educación, y eso no ha sido observado con la nueva Ley Universitaria”, dijo finalmente.

(Fuente: Andina)